Destapaba un entramado de irregularidades administrativas y un posible escándalo urbanístico en Madrid

En un Madrid donde la seguridad es vital, especialmente en negocios de restauración, no sorprende que temas como los extintores para casa sean imprescindibles. Sin embargo, estos elementos de seguridad parecen haber sido obviados en el corazón de Tetuán, donde las cocinas fantasma se han convertido en el último gran desafío para el Ayuntamiento de Madrid.

Marta Higueras, la aguerrida concejala del Grupo Mixto, no pudo más y decidió llevar su lucha a los tribunales, presentando una demanda que destapaba un entramado de irregularidades administrativas y un posible escándalo urbanístico en Madrid.

Cocinas fantasma en Madrid

Todo comenzó en la calle José Calvo, número 10, donde las chimeneas de 21 cocinas fantasma se alzaban como símbolo de la negligencia burocrática. Los vecinos, hartos de los ruidos, olores y el constante trajín de repartidores, apoyaron a Higueras en su cruzada contra lo que consideraban una invasión ilegal. El caso fue aceptado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 30 de Madrid, que exigió al Ayuntamiento el expediente completo de las cocinas.

Fue entonces cuando Javier Flores, el abogado de la causa, encontró un laberinto de irregularidades que no hacían más que avivar el fuego del descontento. Resultó que el plano de ordenación de las cocinas no había sido publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Más grave aún, durante todo el proceso no había intervenido ningún funcionario, ni se había elaborado informe técnico o jurídico alguno.

Tramitación de licencias de apertura irregulares

La tramitación de estas licencias de apertura había sido encomendada a entidades colaboradoras urbanísticas (ECU), empresas privadas que, bajo la supervisión de la Agencia de Actividades, asumían tareas que, en teoría, deberían corresponder a funcionarios públicos. Mariano Fuentes, al frente de esta agencia, se veía ahora en el ojo del huracán. Higueras advertía que, si se descubrían más casos similares, no dudaría en llevar el asunto a la vía penal para depurar responsabilidades.

La entidad colaboradora European Quality Assurance, que había dado su visto bueno a las cocinas, se encontraba en el centro de la polémica. La demanda señalaba que la participación de esta empresa privada en la emisión de certificados de conformidad, sin la debida intervención de personal funcionario, era una seria vulneración de las potestades públicas.

Por si fuera poco, el expediente carecía del necesario informe jurídico exigido por la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, y los planos presentados no contaban con la firma de profesionales colegiados. La situación se tornaba aún más peligrosa al revelarse el incumplimiento de la ordenanza contra incendios del Ayuntamiento. Con 21 cocinas, 120 puntos de gas y 2.800 tomas de electricidad, el riesgo era evidente. Ya se habían producido dos incendios, uno de ellos en una madrugada de junio, que obligaron a intervenir a bomberos y policía.

La Plataforma de Afectados por las Cocinas Fantasma en Arganzuela convocó una concentración para manifestar su indignación ante la permisividad del Ayuntamiento. Exigían el cierre inmediato de todas las cocinas hasta que los procesos judiciales concluyeran y se aprobara una modificación del Plan General de Ordenación Urbana.

Mientras los vecinos se preparaban para la protesta, el eco de su lucha resonaba en todo Madrid. Denunciaban la "falta de sensibilidad del Consistorio ante la depredación de estos negocios", que, según ellos, destruían la convivencia y causaban focos de contaminación, sin aportar beneficios reales a la ciudad.

El drama urbano de las cocinas urbanas

En este drama urbano, la batalla contra las cocinas fantasma apenas comenzaba. Los protagonistas de esta historia, desde los vecinos hasta la concejala Higueras, esperaban que la justicia pusiera fin a un capítulo que jamás debió escribirse