Las autonomías no puede recurrir la amnistía, según los expertos
Varios constitucionalistas consideran que no está justificada la apelación de la Comunidad de Madrid o la Junta de Andalucía porque la norma no perjudica a dichas regiones ni invade sus competencias
- ¿Qué dice la ley del TC?
- La jurisprudencia del TC avala los recursos
- Los recursos a los indultos: el precedente
- Recurso anticipado por Ayuso
- Resolución a largo plazo
El Partido Popular anunció el pasado jueves un recurso al Tribunal Constitucional por la ley de amnistía fruto del acuerdo del Partido Socialista y Junts para apoyar la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. No solo habrá recurso a nivel nacional, sino que todas las comunidades autónomas gobernadas por los populares también presentaran su propia apelación. Una estrategia acordada entre Génova y los barones regionales que cuestionan distintos expertos en derecho constitucional consultados por Confidencial Digital porque se trata de una norma que "no les afecta".
¿Qué dice la ley del TC?
Según marca la ley orgánica del TC, "los órganos ejecutivos y legislativos de las Comunidades Autónomas están legitimados para interponer recurso de inconstitucionalidad contra las leyes, disposiciones y actos del Estado con fuerza de ley que puedan afectar a su propio ámbito de autonomía". Por lo que no pueden presentar recursos contra medidas que no perjudiquen directamente a la región.
Los juristas consultados por este digital consideran que la amnistía afecta, por ejemplo, a la región catalana dado que los políticos y líderes independentistas amnistiados formaron parte del procès separatista. La norma elimina todas las causas judiciales abiertas y deja sin efecto las sentencias judiciales del Tribunal Supremo, que condenó a todos los dirigentes soberanistas que encabezaron el procès desde finales de 2011 hasta noviembre de 2023.
Las regiones gobernadas por el PP son: la Comunidad de Madrid, Andalucía, Castilla y León, la Comunidad Valenciana, Aragón, Baleares, Galicia y La Rioja.
La jurisprudencia del TC avala los recursos
Sin embargo, otros expertos consultados por este medio, no avalan esta tesis y aseguran que la jurisprudencia del Constitucional ya zanjó hace tiempo este debate legitimando el recurso de las autonomías a leyes estatales.
La LO del TC sostiene que el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, cincuenta Diputados y cincuenta Senadores pueden presentar recursos de inconstitucionalidad. También "los órganos ejecutivos y legislativos de las Comunidades Autónomas" pueden apelar "leyes, disposiciones y actos del Estado con fuerza de ley".
Los recursos a los indultos: el precedente
El Tribunal Supremo desestimó varios recursos presentados por los partidos políticos cuando apelaron los indultos parciales concedidos por el jefe del Ejecutivo en junio de 2021. El Alto Tribunal alegó entonces "falta de legitimación": solo podían presentar tal objeción a la medida de gracia las formaciones políticas perjudicadas, una situación semejante a la que se presenta ahora con la amnistía. La principal diferencia reside en que los indultos parciales son una potestad exclusiva del presidente y ahora se trata de una ley orgánica.
Recurso anticipado por Ayuso
Las autonomías del PP anunciaron un recurso en el mismo día en que se aprobó la norma. El Congreso de los Diputados dio luz verde definitivamente el pasado jueves 30 de mayo. La medida no entrará en vigor en el BOE hasta después de las elecciones europeas, pero la presidenta de la Comunidad de Madrid se adelantó a sus compañeros de partido y anunció en una entrevista por la mañana que su gobierno presentaría un recurso de inconstitucionalidad contra la norma aprobada por la Cámara baja con el voto en contra del PP, Vox, Unión del Pueblo Navarro y Coalición Canaria.
Resolución a largo plazo
Ahora será el TC quien deba resolver si la medida incumple la Constitución: un debate que aún divide a los constitucionalistas entre quienes defienden que la medida no cumple la carta Magna porque no está contemplada y rompe el principio de igualdad entre españoles, y quienes consideran que la exposición de motivos —que alega el bien general de la ciudadanía— abre una vía para que el Alto Tribunal la avale.
Sin embargo, los expertos consultados consideran que lo más probable es que la norma acabe elevándose a la justicia europea, que suele retrasar su decisión casi dos años.
