‘Guerra’ interna en la asociación mayoritaria de la Guardia Civil: la actual junta directiva, acusada de desviar 20.000 euros de la 'caja de resistencia'
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) está pasando por un ‘terremoto’ interno relacionado con una presunta desviación de caudales. Las delegaciones provinciales de Cáceres, Alicante y Baleares acusan a la actual junta directiva nacional de irregularidades contables en la gestión de la denominada como 'caja de resistencia' por valor de 20.110,41 euros.
Según las fuentes consultadas por El Confidencial Digital, estas delegaciones provinciales de la AUGC -con más de 26.000 afiliados en total- han presentado denuncias ante el comité de garantías de la organización por irregularidades contables cometidas supuestamente por el secretario de finanzas de la junta directiva nacional, Juan Amado.
De momento, los denunciantes han anunciado ya a los responsables de AUGC que “en el caso de que la junta nacional no asuma su responsabilidad, como parece que va a suceder, remitiremos el caso a la Fiscalía”, aseguran las mismas fuentes.
Los colectivos provinciales denuncian que se han desviado 20.110,41 euros de los fondos de la asociación a doce dirigentes -cuatro miembros de la ejecutiva nacional y ocho dirigentes que resultaron sancionados por la manifestación de guardias civiles uniformados en Madrid el pasado 20 de enero de 2007-.
El día 18 de noviembre se celebró en Madrid una reunión entre las partes -tres miembros de la actual directiva y tres de los denunciantes (el secretario general de Alicante, Manuel Monsalvez, Jesús Santamarta, ex-secretario de finanzas y Joan Miquel Perpinyá, ex-secretario general-, en presencia de mediadores aceptados por ambas partes, entre los que se encontraban el histórico dirigente y fundador de la asociación, José Morata, el ex-secretario general Fernando Carrillo y un miembro del comité de cuentas, Antonio Fernández).
En esta reunión, según fuentes de AUGC, “no se obtuvieron respuestas satisfactorias y no fue posible encontrar puntos de encuentro, ni nadie asumió su responsabilidad en el presunto desvío de más de 20.000 euros de los fondos de la asociación a las cuentas particulares y de delegaciones provinciales de doce expedientados por la manifestación del 20 de enero de 2007, incluidos los miembros de la ejecutiva nacional que asistieron a la reunión, el secretario general Alberto Moya, el secretario de finanzas, Juan Amado, y el secretario de organización, José Antonio Agudo, además del responsable de comunicación Juan Antonio Delgado, achacándolo todo a «un error sin importancia», según Amado, pero sin asumir responsabilidad alguna”.
Ante la polémica suscitada dentro de la organización la junta directiva nacional ha convocado para hoy una reunión de dirigentes provinciales y federales para dar explicaciones y tratar de evitar que la polémica se extienda en un momento en que la organización se enfrenta a unas elecciones internas en la Guardia Civil.
Hay que tener en cuenta también que tras la manifestación del pasado día 18 de octubre junto a sindicatos del Cuerpo Nacional de Policía en Madrid unos 10 dirigentes que acudieron a dicha protesta pueden ser sancionados con faltas de carácter muy grave por acudir a actos de naturaleza sindical, incumpliendo su régimen interno, y las advertencias del propio director general de la Policía y la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez.
Los denunciantes aseguran que el desglose de los 20.110,41 euros “que al parecer han cobrado o les han transferido cantidades indebidas porque ya las habían cobrado anteriormente” es el siguiente: Alberto Moya (1.598,47 euros), secretario general; José Antonio Agudo (2.192,98 euros), secretario de organización; Juan Antonio Delgado (1.056,82 euros), secretario de comunicación; María Mar Camacho (2.524,10 euros), de la delegación de Madrid; José Agustín Clemente (1.540,32 euros), secretario general de Alicante; Martín Hernando (1.498,97 euros), secretario general de Burgos: Juan Amado (1.664,35 euros), secretario de finanzas; Alfonso Carrasco (1.507,88 euros), secretario general de Córdoba; Joaquín Cánovas (1.603,62 euros), secretario general de Madrid; Antonio Gaspar (2.350,87 euros), secretario general de Málaga; Pedro Fresneda (1.133,38 euros), secretario general de Murcia; y Cristóbal Soria (1.438,65 euros), secretario general de Teruel.
Las mismas fuentes señalan que el fondo económico del que presuntamente habrían sido desviadas las cantidades objeto de disputa tiene relación con la 'caja de resistencia', creada a principios del año pasado tras el anuncio del Ministerio del Interior de la apertura de expedientes a los dirigentes y organizadores de la concentración uniformada. Ese fondo se creó a base de aportaciones voluntarias de 10 euros de los guardias civiles afiliados.
