La responsabilidad del Gobierno
La Ley de Sociedades Anónimas, en la redacción subsiguiente a la adaptación de la legislación española a las Directivas de la Comunidad Europea, regula minuciosamente la responsabilidad de los administradores de estas personas jurídicas.
Creo que sería conveniente, para lograr la ejemplaridad de los Gobiernos, incorporar esa normativa al derecho constitucional.
Si es lógico que los administradores de las sociedades respondan por su actividad al frente de las compañías, más conveniente todavía es que respondan quienes están al frente de la economía del país al que, con actos imprudentes,pueden llegar a arruinar.
Sería una indudable garantía para los electores que hubiese algún partido que incluyera en su propaganda la normativa que exponemos, porque demostraría un deseo de honestidad en la gestión del interés público.
Trasplantar a los actos de gobierno la responsabilidad de los administradores incluiría los siguientes supuestos:
1º- Supuesto de culpa lata, que comprendería el daño causado a la patria por dolo, malicia, abuso de facultades o negligencia grave.
Eludirán esta responsabilidad los gobernantes-administradores que desempeñen su cargo con la diligencia de un representante leal.
2º- Responsabilidad derivada del daño causado por actos contrarios a la ley.
3º- Responsabilidad por negligencia leve, en la que incidirían los daños causados por actos realizados sin la diligencia con la que debieran desempeñar sus cargos unos gobernantes responsables.
4º- Responsabilidad solidaria de todos los miembros del Gobierno que adoptó el acuerdo lesivo o realizó el acto perjudicial.
De esta responsabilidad quedarán exentos los miembros del Ejecutivo que se opusieron a la resolución lesiva o que, por ausencia, no intervinieron en la deliberación.
5º- La responsabilidad del Gobierno es materia de orden público y, por tanto, serán nulas las decisiones que traten de modificarla.
El colofón de esta responsabilidad plural es que los gobernantes estarán obligados al resarcimiento del daño ocasionado.
Para que esta imputabilidad por el uso del poder pudiera exigirse con garantía de imparcialidad es requisito indispensable que exista una Justicia independiente ya que, por ejemplo, en los casos delictivos los gobernantes deberán responder ante los tribunales.
