El Consejo de Europa lleva casi un año esperando a que el Gobierno de Zapatero publique dos informes sobre la tortura en España

Los sobre informes corresponden a dos visitas realizadas por delegaciones del CPT en 2007. Hace once meses fueron entregados, con sus críticas y recomendaciones, por el Consejo de Europa al Ejecutivo español, que aún no ha dado el visto bueno para que sean publicados. No hay obligación de hacerlo, porque estos documentos son en principio confidenciales, pero lo cierto es que casi todos los Gobiernos dan luz verde a su difusión.   Según los datos recogidos por El Confidencial Digital, uno de los informes contiene las conclusiones del Comité de Prevención de la Tortura tras una detallada visita a Madrid, Cataluña, País Vasco y Canarias. La delegación del CPT estuvo comprobando las condiciones en centros penitenciarios como Soto del Real, Cambrians, Nanclares de la Oca... y lo mismo en comisarías de la Ertzaintza, Mossos d´Esquadra y Policía Nacional, en este último caso especialmente en el aeropuerto de Barajas. En Canarias pidieron acceso -y entraron- en el centro de detención de inmigrantes de Tenerife.   El segundo informe fue elaborado tras la visita, en 2007, al etarra Iñaki de Juana Chaos durante su huelga de hambre, para conocer las circunstancias de su alimentación forzada. Fuentes del CPT aseguran que la visita únicamente tenía que ver con los derechos de cualquier persona a no ser alimentado por la fuerza.   A estas alturas sólo el gobierno y el Comité de Prevención de la Tortura del Consejo de Europa conocen el contenido de los informes. Y también está claro que -por alguna razón- el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero no ha permitido hasta ahora que salgan a la luz.   El CPT del Consejo de Europa ha elaborado 11 informes sobre España, de los que nueve han sido publicados. Desde 1991, el Comité ha dirigido de manera reiterada a las autoridades españolas dos críticas. Una de ellas es que, a su juicio, los detenidos no tienen acceso inmediato a los abogados en las comisarías. Pero lo que critica más duramente es la detención incomunicada; el CPT afirma que España es uno de los muy pocos países de la Unión Europea que mantiene este sistema en su legislación.