Ibarreche, ese hombre

Hay un señor, español nacido en Llodio, provincia de Álava, que ostenta la representación de la Nación en la Comunidad Autónoma Vasca. Ese señor, llamado Juan José Ibarreche, es un nacionalista del PNV pero en su calidad de Presidente del Gobierno Vasco representa a todos los españoles que viven en la Comunidad que gobierna y por tanto tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir la Ley.

Ese español, natural de Llodio, es muy consciente de que en el momento político actual, tiene enfrente a un Gobierno sin principios que actúa por mera conveniencia electoral y en cuyo modelo de Estado caben las mayores reivindicaciones soberanistas. Sabe que es difícil que en el futuro se presenten unas circunstancias más propicias a sus propósitos secesionistas.

Por eso, el Presidente del Gobierno Vasco, una institución española, cuya legitimidad emana de la Constitución, pretende utilizar esa legitimidad para destruir al Estado que representa, actuando como un quintacolumnista, como un topo del integrismo separatista vasco. Ibarreche sabe que el Estatuto de Autonomía del País Vasco requiere para su reforma la mayoría absoluta de los votos del Parlamento Vasco -cosa que con el reparto de fuerzas actual no podría conseguir- que necesita la aprobación de las Cortes Generales y que para convocar cualquier referéndum ha de ser facultado expresamente por el Estado. Y sabiendo todo esto anuncia que va a convocar una consulta para conocer la voluntad del pueblo vasco sobre su futuro. 

Ibarreche se ha atrevido incluso a poner fecha a su consulta flagrantemente ilegal. ¿Por qué lo hace? Simplemente porque está seguro de su impunidad, porque está convencido de que el Gobierno no va a aplicar el artículo 155 de la Constitución y de que en ningún caso se acometerán acciones jurídicas contra él. Y sí a alguna organización cívica se le ocurre denunciarle, no será condenado. Cómo mucho le impedirán celebrar el referéndum –dándole alguna concesión de tapadillo a cambio- lo cual incluso le viene bien para su estrategia víctimista, para continuar con su hipócrita y plañidera denuncia de la opresión del “pueblo vasco”.

Habría que preguntar a este español renegado quien es “el pueblo vasco”, porque si tiene 7.000 años de historia, como paranoicamente ha afirmado, me parece que muy pocos van a poder demostrar que descienden directamente de Aitor.

Además, habría que definir, quienes son los “vascos y vascas” oprimidos, ¿los nacionalistas que campan a sus anchas o los asesinados por ETA y los exiliados del terror? Son casi 200.000 personas las que no pueden votar, no en un referéndum ilegal sino en cualquiera de las elecciones que se convocan en la Comunidad Autónoma Vasca, lo que desvirtúa de raíz su celebración y resultados.

Ibarreche se está aprovechando, una vez más, del trabajo sucio que ETA ha hecho en una sociedad dominada por un omnipresente y excluyente nacionalismo, que a lo largo de los años ha ido sembrando una gran podredumbre moral entre sus seguidores, que prefieren no ver las condiciones de falta de libertad en que viven día a día los ciudadanos “disidentes”, los “españolazos”.

Se le ha llamado mesiánico, iluminado, fanático…es, simple y llanamente, un nacionalista vasco, que, como todos los demás, tiene “un sueño”, el sueño de la gran nación vasca por la que unos matan y otros toleran, justifican y rentabilizan los crímenes. Ibarreche y sus adláteres quieren construir una “nación inventada” sobre la sangre de los inocentes y sobre el exterminio o la expulsión de los que no se quieren someter a su férrea dictadura.

En este órdago, que viene después de muchas partidas ganadas por el nacionalismo, ha llegado el momento de que el Gobierno de España recupere el consenso con la oposición e inicie el camino de retorno, de desposeer a los traidores de los instrumentos del Estado de Derecho que ellos utilizan para destruirlo. Y para eso no basta con pronunciar palabras que suenen contundentes después de una larga reunión en la que no sabemos todo lo que se ha hablado. Hace falta ejecutar acciones que todos los españoles podamos ver. El Gobierno podría exigir a los ayuntamientos que icen la bandera nacional en sus fachadas, podría perseguir –como manda la Ley- a los que comenten delitos de apología del terrorismo dando los nombres de asesinos a calles y plazas, podría ilegalizar al PCTV y a ANV, podría promover la derogación de la autorización dada por las Cortes para negociar con ETA… Hay mucho por hacer para devolver la dignidad y la libertad a ese dolorido rincón de España sometido al fanatismo del nacionalismo.